El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado hoy que la vivienda es un problema importante en el conjunto de España y que a todas las administraciones públicas les compete facilitar el acceso a ésta, a la vez que ha añadido que el Gobierno andaluz está haciendo todo lo que está en su mano para facilitar su acceso fundamentalmente a jóvenes y colectivos vulnerables.
“Desde este Gobierno vamos a intentar que las viviendas sean más baratas, más accesibles y que los andaluces tengan a acceso a una vivienda digna”.
En relación con este asunto, ha mencionado algunas iniciativas que se han puesto en marcha como la simplificación de trámites a través de la LISTA y de los Decretos Leyes de Simplificación que facilitan la disponibilidad de más suelo y agilizan la construcción de VPOs, la multiplicación por tres la promoción de vivienda pública en los últimos cinco años, superando las 10.000 viviendas, la bajada de impuestos para dinamizar el mercado vivienda o el Programa de Garantía Vivienda Joven.
El presidente de la Junta ha dicho que se está ultimando el Anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía que facilitará el acceso a la vivienda y que tendrá cinco ejes principales como son un plan de choque para construir más viviendas a precios asequibles en los próximos cinco años, la creación áreas prioritarias, flexibilidad en los suelos ya urbanizados para fomentar la construcción de viviendas protegidas, la inclusión de proyectos residenciales en la unidad aceleradora y la creación de una bolsa de suelo e impulso de un inventario de viviendas públicas de Andalucía.
Reforzar los servicios públicos y generar que el sistema productivo sea más capaz para generar progreso y bienestar.
Durante su intervención en la sesión de control en el Parlamento andaluz, ha indicado que una de las prioridades más importantes del Ejecutivo andaluz ha sido desde el primer momento generar que el sistema productivo sea más capaz de generar progreso y bienestar y mejorar los servicios públicos para lo que se ha realizado un esfuerzo económico importante, incrementando los recursos propios.
Así, ha subrayado que en ámbito educativo se han puesto unidades donde hacían falta con 1.400 en FP y 823 en Educación Espacial y Apoyo a la integración frente a las 1.342 unidades que desaparecieron en el periodo 2012-2018 y que se ha hecho una puesta sin precedentes por la Universidad Pública.
En materia de dependencia, ha agregado que se ha reducido un 72% la lista de espera de personas pendientes de prestación y en cuanto a la sanidad se ha referido al Plan de garantía sanitaria con el que se ha reducido en seis meses las listas de espera en un 20% en las operaciones fuera de plazo. “En total el SAS ha operado entre enero y junio a 215.865 andaluces, un 8% más que el mismo período del año anterior”.
De este modo, ha incidido en que el incremento de recursos ha permitido reforzar los servicios públicos, pero ha recordado que esto no es suficiente porque Andalucía lleva quince años infrafinanciada con el actual modelo de financiación autonómica.
En este sentido, ha insistido en la necesidad de aprobar, hasta que haya un nuevo modelo de financiación, un fondo de nivelación compensatorio para las comunidades infrafinanciadas.
“Como consecuencia de distintas negociaciones se están haciendo cesiones a partidos que van contra la solidaridad como principio fundamental y que perjudican a Andalucía y a los andaluces, lo que genera un daño al presente y al futuro de nuestra tierra”.
De esta forma, ha reiterado que es necesario que se cumpla con la equidad y la justicia que supone el tener para Andalucía un fondo de compensación que acabe con el maltrato y con la injusticia que supone que ésta cuente con menos recursos.
Para concluir, ha asegurado que el Gobierno andaluz seguirá trabajando para transformar esta comunidad y que lo hará con iniciativas como el Plan de Empleo Juvenil, el nuevo Plan Crece industria 2027 con un presupuesto de 1.800 millones, la nueva Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible, con la ampliación en 60,5 millones el crédito para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad, hasta los 134 millones o apostando por los servicios públicos esenciales.
