La vivienda es el bien esencial para el desarrollo de la vida privada de los consumidores y un termómetro para medir el bienestar de una sociedad. El acceso a un inmueble adecuado se ha convertido, no solo en un derecho fundamental reconocido jurídicamente, sino que es la mayor preocupación y aspiración de los consumidores, especialmente de los más vulnerables.
A pesar de ello, el problema de acceso a la vivienda es real en España, por lo que, desde OCU venimos proponiendo soluciones a los poderes públicos para que puedan atajarlo, como responsables de garantizar ese derecho, facilitando un acceso asequible a este bien básico.
Según el preámbulo de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda los parques públicos de vivienda son casi inexistentes en España si se comparan con la media de la Unión Europea. Un parque de 290.000 viviendas sociales apenas ofrece cobertura a un 1,6 % de los 18,6 millones de hogares que habitan en España. Esto supone el 2,5% del conjunto de las viviendas principales del país, no llega a una vivienda social por cada 100 habitantes, frente a la media de la UE cercana a 4.
Está claro que para contribuir a resolver el problema de la vivienda hay que actuar en dos niveles, en paralelo:
- a) Con carácter general, adecuar la oferta a la demanda, facilitando la disponibilidad de vivienda suficiente para unas necesidades variables en función de la demografía, la formación de hogares o el empleo. Los poderes públicos deben regular, en urbanismo, construcción y arrendamientos, y para facilitar una distribución de la población más equilibrada en todo el territorio nacional, facilitando suelo y recurriendo a la rehabilitación de los cascos urbanos de forma prioritaria.
- b) En particular, destinar los recursos necesarios para disponer de un parque suficiente de vivienda social, ya sea por nueva construcción de promoción pública o privada, o por la adquisición pública de vivienda existente.
Pero, además, en materia de alquiler es necesario ampliar la oferta aportando seguridad jurídica a quienes alquilan sus viviendas, que en la mayoría de los casos son pequeños propietarios. Y ello porque, ante una demanda pujante asistimos a un repliegue de la oferta que genera presión sobre los precios en la mayoría de las grandes ciudades. Y ello como consecuencia del miedo de muchos propietarios a no cobrar la renta, tardar meses en recuperar la vivienda en caso de problemas y/o a padecer daños y gastos en ellas. Una demanda creciente y una oferta a la baja provoca una subida de precios del alquiler que no cesa porque no existen alternativas a la necesidad básica de vivienda, salvo el alquiler compartido y el arrendamiento de habitaciones, que crecen día a día y alimentan la precariedad.
Por ello, resulta cada vez más difícil encontrar alquileres en las grandes ciudades, y los que se encuentran presentan precios fuera del alcance de la mayoría de la población. En una encuesta realizada por OCU en 2023, el principal obstáculo para el alquiler era su elevado precio. Acceder a una vivienda en alquiler supone para el 63% de los inquilinos tener que destinar más del 30% de los ingresos del hogar a pagar la renta y los gastos ligados a la vivienda.
Por tanto, para buscar un equilibrio de precios urge actuar sobre la oferta de vivienda. En los últimos años la única circunstancia que ha empujado los precios del alquiler a la baja ha sido la caída repentina y estrepitosa de la demanda a causa de la pandemia en 2020. Desde entonces la demanda ha crecido con fuerza y todas las previsiones que continuará.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial en 2022 se produjeron 27.533 desahucios derivados de la LAU, y en 2023, hasta septiembre, la cifra fue de 14.344. Según el Ministerio del Interior, en 2022 se produjeron 16.765 ocupaciones ilegales de viviendas. Además, el INE cifraba en 28.500 las personas sin hogar en España en 2022.
En contrapartida, durante 2022 apenas se construyeron 2.151 viviendas en régimen de alquiler social planificado. En el primer semestre de 2023 solo se construyeron 970 viviendas de este tipo (-20% anual). Asimismo, en 2021 había ya alrededor de 532.000 hogares con graves dificultades para pagar la renta, en concreto, el 16,7% de las familias que viven en alquiler.
Aunque el parque público de alquiler ha aumentado en los últimos tres años, queda aún muy lejos de las cifras de hace diez años, cuando se construían seis veces más viviendas de protección oficial. Según datos del Ministerio de Vivienda, entre los años 2014 y 2023 (hasta septiembre de 2023) hubo 13.425 calificaciones definitivas de VPO en alquiler, y 2.259 en régimen de alquiler con opción a compra. Las calificaciones definitivas de VPO en propiedad en el mismo periodo fueron 58.877. Se trata de cifras muy insuficientes en relación con las necesidades (por ejemplo, en referencia al crecimiento del número de hogares, que fue de 455.531 entre 2011 y 2021 según el Censo del INE), en especial en lo que se refiere a VPO en alquiler.
El Censo de Viviendas del INE de 2021 pone de manifiesto la existencia de un gran número de viviendas vacías (640.000 en Andalucía). Para OCU, hay que tomar medidas que permitan movilizar una buena parte de esas viviendas para su puesta en alquiler, logrando que sus propietarios pierdan el temor y encuentren interés a darles uso como viviendas de alquiler permanente.
La concesión de ayudas económicas a los inquilinos puede paliar algunas situaciones individuales, pero si no se actúa sobre la oferta, dichas ayudas incrementan la presión sobre los precios con nuevos inquilinos que compiten con otros pagando más por el alquiler de las escasas viviendas disponibles. Las ayudas tienen que destinarse a los colectivos realmente más vulnerables, liberando fondos públicos para su inversión allí donde son más eficientes.
Sin una apuesta de recursos decidida por el alquiler social, el problema no tiene visos de solucionarse.
