El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha advertido hoy del perjuicio y la parálisis que supondrá sobre inversiones “estratégicas” para Andalucía si prospera la implantación de forma permanente del impuesto a las compañías energéticas que el Gobierno central promueve. “En nuestra región están en juego más de 8.000 millones de inversión y más de 20.000 puestos de trabajo por una medida arbitraria, abusiva e incongruente con las políticas de apoyo a la transición energética”.
Durante una comparecencia en Pleno, Paradela ha arremetido contra este gravamen, que sigue vivo en forma de enmiendas presentadas por BNG, Bildu y Sumar, y que “contraviene por completo la seguridad jurídica, frena las inmensas posibilidades de desarrollo para nuestra tierra y ralentiza el trabajo del Gobierno de Andalucía en estos últimos años para aprovechar la ventana de oportunidad que nos abren las energías renovables, y el hidrógeno verde en particular, para que se transformen en una realidad industrial de futuro para la región”.
El consejero ha incidido en que “todo lo que suponga limitar el crecimiento industrial por la vía impositiva va a suponer una hipoteca difícil de superar por lo que, desde Andalucía, pensamos hacer frente con todos los instrumentos a nuestro alcance para evitar que se lleve a cabo”, convirtiendo a España en el único país que “pretende transformar en permanente un impuesto especial planteado en el conjunto de la UE como temporal y de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía en 2022”.
De llevarse a efecto como plantea el Ejecutivo central, este gravamen “temerario e injustificado” mermará la capacidad inversora de las empresas y “pondrá en peligro inversiones millonarias en proyectos de hidrógeno verde, pero también de biocombustibles o energía eólica y fotovoltaica”. Unos proyectos que, según ha avisado Paradela, “podrían terminar deslocalizados en otros territorios competidores”.
“Si la semana pasada este tributo no prosperó, no se debió a que el Gobierno recobrase de manera inesperada la coherencia con los propios planes de descarbonización que lidera ante la UE, sino únicamente por la falta de los apoyos necesarios para ello por parte de algunos de sus socios”, ha precisado el consejero.
“No es la primera vez que el Ejecutivo de España trata de poner freno al desarrollo energético de Andalucía con medidas que nos perjudican claramente”, ha abundado el consejero de Industria, que ha recordado que para aprovechar plenamente el potencial renovable de Andalucía, Paradela ha puesto el foco en que es “fundamental” contar con una red eficiente de transporte eléctrico, máxime “teniendo en cuenta que nuestra Comunidad presenta carencias estructurales al contar con una red un 40% por debajo de los valores medios peninsulares”, a pesar de ser la región que gestiona el 20% de la potencia renovable que se tramita en España y haber duplicado en cinco años la potencia renovable instalada, que alcanza ya los 12.500 MW verdes.
La Junta de Andalucía reclama al Gobierno de España que atienda especialmente áreas históricamente infradotadas como el norte de la provincia de Córdoba, la provincia de Jaén o el norte de la provincia de Huelva, si bien en todas las provincias andaluzas hay demandas que resolver, ha apuntado Paradela.
En este sentido, el Gobierno de Andalucía ha presentado su propuesta para la Red de transporte eléctrico para el periodo 2025-2030, que sustituirá al vigente de 2021-2026, reclamando al Gobierno Central inversiones de mejora para nuestra Comunidad por valor de 544 millones.
“Andalucía ha encontrado en el desarrollo de las energías renovables una gran oportunidad para la reindustrialización y el crecimiento económico de la región”, ha subrayado el consejero. Solo en el ámbito del hidrógeno renovable, con los proyectos industriales centrados en su producción previstos en Andalucía, podríamos aportar casi el 10% del objetivo de la UE y prácticamente un tercio de la potencia de 12 GW prevista para España.
Entre esta batería de iniciativas, destaca el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que desarrolla MOEVE (Cepsa) en las provincias de Huelva y Cádiz. “Con una inversión de más de 3.000 millones, 10.000 empleos y dos centros de producción en Palos de la Frontera y San Roque, se trata del proyecto más ambicioso de hidrógeno renovable de España y uno de los más importantes de Europa, que contribuirá a acelerar la transición energética y conseguir una mayor independencia energética del continente”, ha apostillado. “Una inversión que, junto con el resto de los proyectos vinculados a esta tecnología que contemplan desarrollarse en Andalucía, pueden quedar comprometidos por la voracidad fiscal del Gobierno de España”.
La necesidad de avanzar en la transición ecológica que afronta Europa “ha reforzado la apuesta del Gobierno de Andalucía por sacar el máximo partido a los recursos renovables e impulsar un modelo energético sostenible y seguro que nos lleve a liderar el proceso europeo de descarbonización y a generar, al mismo tiempo, nuevas oportunidades de negocio, innovación, desarrollo industrial y empleo”.
Frente a esta situación, “Andalucía ofrece hoy a los inversores estabilidad y confianza, ventajas fiscales, una regulación favorable al desarrollo de la actividad económica y a la atracción de capital y un marco institucional basado en la colaboración públicoprivada.
La mejor prueba de que en Andalucía las cosas sí funcionan es que, frente a la incertidumbre que se cierne sobre las cuentas del Estado, nuestra Comunidad acaba de presentar un presupuesto en el que volvemos a apostar por la dinamización económica con la energía como gran motor de cambio”, ha concluido.
