El Gobierno de Canarias ha generado un crédito para la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de 1.462.509 euros procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y cuya distribución, entre comunidades autónomas con competencias en justicia, fue acordada en la Conferencia Sectorial de Justicia del pasado 30 de abril. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, invertirá dicha partida en equipamientos para la realización de actos procesales por vía telemática (inmediación digital) y para dotar puestos de trabajo deslocalizados.
Los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la vertiente de justicia están orientados a mejorar la capacidad que tiene la justicia española para contribuir a la cohesión social, el dinamismo económico y empresarial, así como a la reducción de sus costes generales de funcionamiento mediante su transformación digital y la transición ecológica.
De la partida que le corresponde a Canarias, 600.000 euros irán destinados a la adquisición de 400 equipos portátiles y sus accesorios para conformar el ‘Puesto único de usuario’, configurado para su utilización como puesto de escritorio y movilidad; otros 462.000 euros se invertirán en equipamientos para Salas de Vistas (cámaras, micrófonos, pantallas y demás material tecnológico), y los 400.509 euros restantes estarán dedicados a la implantación de la plataforma para vistas jurídicas remotas.
El Ministerio de Justicia y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia aprobaron el pasado 30 de abril, por unanimidad, el acuerdo la distribución de un total de 20.604.610 euros del crédito asignado en el año 2021 por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia, en concreto para el ‘Proyecto 0’ de Justicia 2030.
Dicho proyecto tiene como objetivo acometer una implantación coordinada de infraestructuras digitales homogéneas e interoperables (hardware, licencias, servidores, espacio de almacenamiento, bases de datos) en todo el territorio del Estado, para lo que se contempla la puesta en marcha de cuatro medidas: la inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y ciberseguridad.
