Hace unas pocas semanas, un grupo de empresarios mantenía a orillas del Guadalquivir un encuentro con el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, en el que, entre otras cuestiones, se le interpeló sobre los motivos por los que la ley española no reconoce la singularidad del Puerto de Sevilla, una vieja reivindicación de esta ciudad. Su respuesta, con cierto tono lacónico, fue que todos los enclaves del país defienden que también son singulares, cada cual a su manera.
Sin entrar en discusiones ni rememorar su peso a lo largo del Imperio Romano, la dominación musulmana o la conquista de América, la realidad es que el Puerto de Sevilla es singular; sin duda alguna. Y lo es, en primer lugar, porque es el único marítimo de interior de toda España. No hay ningún otro.
También lo es porque constituye en la actualidad el principal motor industrial de la provincia, con una facturación conjunta de sus empresas que supera anualmente los 1.300 millones de euros y dan empleo a más de 20.000 personas, entre puestos directos, indirectos e inducidos. Un dato sumamente relevante teniendo en cuenta que Andalucía es una región en la que el peso de la industria es muy exiguo y la mayoría de las compañías son pymes.
En el caso de Sevilla, estas empresas industriales abarcan una amplia horquilla de ramas, que van desde la metalmecánica y la siderurgia, hasta harineras y elaboración de fertilizantes, pasando por la fabricación de torres eólicas offshore, piezas para puentes, pasarelas y acueductos u otras grandes estructuras metálicas. A todos estos grupos se les suman obviamente aquellos vinculados a la actividad portuaria: consignatarias, estibadoras, empresas de logística y transporte, transitarias, terminalistas o agentes de aduanas. Un puerto que, dada su cercanía con el centro de la ciudad y su superficie (850 hectáreas), acoge igualmente a firmas de otros ámbitos como el ocio, la restauración, el turismo, la ingeniería, el medio ambiente, la arquitectura, las energías renovables y los servicios en general.
Situado en una de las principales áreas metropolitanas del país, con más de un millón y medio de habitantes en el entorno, cuenta además con una Zona Franca, así como con la mayor ZAL (Zona de Actividades Logísticas) del Sur de España y una terminal de cruceros en el centro de la ciudad.
Por todo lo anterior y por su ubicación dentro del continente, el Puerto de Sevilla es estratégico para Europa, al constituir un nodo principal de la Red Básica (Core Network) y formar parte del corredor Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y del corredor Atlántico.
La UE está dando un enorme impulso a las vías navegables de interior debido, en gran medida, a que el transporte marítimo es clave para reducir el volumen de emisiones de CO2 y acústicas, al tiempo que ayuda a descongestionar zonas densamente pobladas.
Y pese a todo ello, nuestras leyes no recogen la singularidad de este puerto, lo que sí sucede con otros europeos marítimos de interior o con aquellos españoles que gozan de un estatus especial por su geolocalización (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), lo cual se traduce en todos estos casos en condiciones económicas más ventajosas, incluyendo bonificaciones y menores tasas portuarias.
Un reciente informe de EY (Ernst&Young) refleja que existen “gastos evidentes que el Puerto de Sevilla está asumiendo, al contrario de lo que sucede en otros países, donde son costeados directamente por las Administraciones Públicas competentes o vía subvenciones”.
Este estudio, pionero en España, se refiere literalmente a “gastos impropios” y pone especial énfasis en la esclusa, inaugurada en 2010 tras una inversión superior a los 200 millones, para lo cual la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) tuvo que solicitar un préstamo al BEI que sigue pagando pese a que es una infraestructura esencial no solo para el desarrollo comercial de la ciudad, sino también para evitar inundaciones. De la misma manera, existen otros costes de este tipo que van desde la conservación de la propia esclusa y puentes hasta los dragados de mantenimiento. Todo lo anterior supone casi 10 millones de euros anuales -sobre un presupuesto de la APS de en torno a los 22,5 millones-, lo cual afecta a la competitividad de este puerto y merma la capacidad inversora.
A modo de ejemplo, en Francia, la financiación portuaria proviene tanto del sector público como del privado; en Alemania, el Ayuntamiento de Hamburgo contribuye con subvenciones e inversiones en terrenos y equipamientos, mientras que en Países Bajos el Estado colabora en la conservación de las vías navegables a través del Fondo de Movilidad.
Parece obvio, pues, que se deben incluir modificaciones en la Ley de Puertos del Estado -actualmente en revisión en el Congreso- mediante las que se reduzca el importe de los mencionados “gastos impropios” y, en paralelo, se asimile el Puerto de Sevilla a los de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Igualmente, es necesario que se corrijan otros agravios, entre ellos, que no llegue el transporte público o que las empresas ubicadas en este enclave tengan que abonar un IBI hasta tres veces superior con respecto al de los principales municipios industriales de la provincia. Tampoco es lógico que no se permita el necesario dragado del río para que entren barcos de mayor calado o, ya de manera más global, que las inversiones públicas en Sevilla para infraestructuras se eternicen, ralentizando el crecimiento y la llegada de nuevos proyectos.
En un momento en el que la coyuntura geopolítica está obligando al Viejo Continente a reforzar su capacidad industrial, es imprescindible que todas las administraciones (comunitarias, estatales, regionales, locales) mimen a aquellos polos empresariales que cuentan con compañías fuertes e innovadoras. Poniendo la lupa sobre España, la situación es todavía más preocupante porque durante décadas se ha procedido al desmantelamiento de la industria. Versionando la célebre frase de Miguel de Unamuno, se podría decir que en nuestro país nos hemos agarrado fatalmente al “¡qué fabriquen otros!”. Apoyar a nuestros puertos no es una medida arbitraria, sino el mejor camino para seguir creando riqueza y empleo.
