La consejera de Agricultura anuncia una línea de créditos para el capital circulante que subvencionará durante dos años el tipo de interés
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presidido la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria celebrada hoy en Sevilla con la participación de miembros de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía. Durante el encuentro de trabajo, la Mesa de Interlocución ha puesto el acento en la difícil situación que atraviesa el sector olivarero y ha explicado la necesidad de que el Gobierno de España lo incluya en la Reserva de Crisis de la Política Agraria Común o en su defecto que se consiga de la UE la prórroga de la Medida 22, a fin de que de ella salga las ayudas que en estos momentos precisa el olivar.
Crespo ha comentado, asimismo, con los representantes del campo andaluz que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado ya las ayudas de mínimis dirigidas a ofrecer liquidez a los sectores más afectados por la sequía. La responsable de Agricultura ha recordado que esta línea de subvenciones es fruto del consenso con las organizaciones representativas del sector y que, precisamente en respuesta a su demanda, el plazo para solicitar las ayudas comenzará en septiembre. En cuanto a los beneficiarios, Carmen Crespo ha remarcado que la selección de los sectores a los que se dirigen estas subvenciones es el resultado de un exhaustivo análisis encaminado a dar apoyo a quienes más lo necesitan sin duplicar ayudas, sino complementando las líneas habilitadas por el Estado tras la petición de la Junta de Andalucía. En concreto, los 10 millones de euros de presupuesto de los incentivos del Gobierno andaluz se repartirán entre profesionales dedicados al porcino ibérico de cebo (6 millones de euros), la apicultura (1,6 millones), el castaño (400.000 euros) y el viñedo de vinificación (2 millones). En el caso de las ayudas estatales, se benefician los cultivos de herbáceos de secano, los frutales (incluidos de hueso), los frutos secos de secano y regadío, el arroz, el tomate de industria y la ganadería.
Por otro lado, la consejera ha adelantado que próximamente lanzará una línea de créditos para el capital circulante (gastos corrientes, nóminas y electricidad), que permitirá a los profesionales del campo acceder hasta a 200.000 euros sin necesidad de presentar garantía y, además, tendrán subvencionados los intereses durante dos años. Estos préstamos se gestionarán a través del instrumento financiero aprobado en 2020 por la Junta para dar liquidez al campo, que se amplía ahora a todos los agricultores y ganaderos de Andalucía.
Abrevaderos, apicultura y reserva de crisis
Durante la reunión, la consejera se ha mostrado “satisfecha” por los resultados de la convocatoria de abrevaderos, ya que “van a ser 1.200 ganaderos andaluces los que van a recibir después del verano las ayudas que la Junta ha puesto a su disposición para paliar el gasto que les ha supuesto la dotación de estas infraestructuras”. Se trata de una línea que “ha resultado ser crucial para el presente e incluso para el futuro, ya que preparan al sector para esta sequía estructurante”. Estas infraestructuras son necesarias para poder dar agua a los animales en tiempos de sequía prolongada como el actual.
Asimismo, Carmen Crespo ha informado a los integrantes de la Mesa de Interlocución Agraria de que próximamente se resolverán las ayudas complementarias que aporta Andalucía en el marco del Programa de Intervención Sectorial Apícola. Con estos incentivos, el sector andaluz alcanzará los 1,5 millones de euros dirigidos a paliar las graves pérdidas que está sufriendo la apicultura como consecuencia de la escasez de lluvias.
Ente otras cuestiones, la responsable de Agricultura se ha referido también al aumento de los fondos de la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC) y su movilización para respaldar a los productores afectados por la sequía. Al respecto, Crespo se ha mostrado esperanzada en que Andalucía sea una de las comunidades autónomas más beneficiadas de los 81 millones de euros que corresponden a España por ser también uno de los territorios más damnificados.
