La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se votará el próximo día 22 de febrero en el Senado. Esta ley podría haber servido para garantizar una universidad exenta de ideologías políticas, en la que primaran como objetivos una correcta financiación, la búsqueda de la calidad en la enseñanza y en la investigación, el reconocimiento de la excelencia de los estudiantes y el diseño de titulaciones que estuvieran alineadas con las demandas de la sociedad. Sin embargo, ocurre justo lo contrario. Tenemos sobre la mesa una norma con la que se pretende llevar a su máximo exponente la politización del sistema universitario.
Resulta sorprendente que una Ley de Universidades nazca con un sesgo político tan grande que, según la opinión de expertos, pudiera llegar incluso a transgredir la Constitución. Bildu pretende que en lugar del Rey, sea el Ministro la persona en cuyo nombre firmen los títulos los rectores; Junts reclama para Cataluña poder total e independencia a la hora de gestionar becas y ERC pretende que las Universidades puedan dedicarse a hacer política y posicionarse en temas de amplio calado político. Los claustros universitarios no deberían convertirse jamás en órganos de representación política, sino que deberían conservar su esencia puramente académica.
Además de esto, la nueva ley genera problemas de financiación importantes. En el caso de Andalucía, el hecho de tener que reducir la carga de asociados y contratados doctores, obligaría a contar con nuevos docentes que podrían suponer a nuestra región un desembolso adicional de unos 20 millones de euros. El consejero de Universidades de Andalucía, el cordobés Gómez Villamandos, que fue reelegido para un segundo mandato al frente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) antes de incorporarse al gobierno andaluz, explicaba la semana pasada de manera muy clara el modelo de financiación que considera más efectivo y equitativo. Se trata de crear dos grandes bloques: uno que garantice la suficiencia financiera y otro destinado a los contratos programa con las universidades, para que cada una reciba una financiación adicional por cumplimiento de objetivos.
En este ambiente de “politización de la universidad” que propicia la propia Ley, la semana pasada tuvimos ocasión de asistir a un discurso maleducado, desafortunado y espurio, pronunciado por una chica que había cursado sus estudios en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla de manera brillante. Me permito calificar la intervención de maleducada, desafortunada y espuria por tres motivos fundamentalmente.
En primer lugar, considero una falta de educación aprovechar un acto académico en el que se entrega un premio, para pronunciar un mitin político con críticas a las universidades, a las instituciones e incluso a las empresas privadas que arriesgan su dinero invirtiendo en proyectos mineros, con los que se genera valor y empleo industrial de calidad en Andalucía. Para hablar de política se puede hacer uso de otros foros, incluso en el seno de la universidad, pero no de un acto académico. Obtener calificaciones brillantes no exime a nadie de la obligación de actuar con educación.
En segundo lugar, me parece una falta de respeto hacia el resto de los más de 100 premiados que asistieron al acto. La premiada, de manera unilateral, decidió cambiar el discurso de agradecimiento que debía de pronunciar en nombre de todos, por una disertación política a su medida.
En tercer lugar, lo considero un discurso espurio porque la oradora, ante el temor de no recabar el apoyo del auditorio, intenta empatizar con sus oyentes haciendo uso de un recurso trasnochado y vulgar como es el de “enfrentar” a poderosos y débiles, a ricos y pobres y a buenos y malos. En su salutación se limita a saludar de manera exclusiva “a los que han adecentado el espacio donde se celebra el acto y a los estudiantes que se han tenido que desplazar hasta el mismo”. ¿No merecen un saludo los rectores de las universidades sevillanas que le están premiando? ¿Ni el alcalde que representa a todos los sevillanos?¿Ni los ciudadanos que con sus impuestos han hecho posible que estudie una carrera becada? La chica falta a la verdad de manera consciente.
En todas las universidades andaluzas, a diferencia de otras regiones, cualquier estudiante, rico o pobre, español o extranjero, tiene derecho a una bonificación en su matrícula por el 99% del importe de los créditos que haya superado en primera matrícula, con al menos un 5, el curso anterior. Si se obtiene matrícula de honor, caso de nuestra aventajada alumna, la beca del 99% pasa a ser del 100%. Por lo tanto, falta a la verdad cuando afirma que solo ha recibido ayuda y apoyo de su familia y amigos, negando que las instituciones le hayan brindado ningún tipo de apoyo.
Esta chica, debería haber explicado que las instituciones a las que criticó le permitieron estudiar una carrera becada a coste cero. También debería haber aclarado que el coste real de un alumno que cursa estudios en una universidad pública andaluza ronda los 7000 € anuales. De estos 7000 €, los alumnos que no tienen derecho a beca o bonificación, pagan poco más de 700 €. Por lo tanto, el 90% del coste de sus carreras lo sufragan, con los impuestos de todos, esas mismas instituciones públicas. La comunidad más barata de España para estudiar en la Universidad, dicho sea de paso, es Andalucía y la más cara Cataluña.
Aunque las universidades deban ser siempre espacios de libertad, debate y diá- logo, no todo vale. La institución en sí debería ser siempre neutral, salvaguardar su independencia política y garantizar que el ejercicio de la docencia y los actos académicos, no se vean contaminados y desvirtuados por el sesgo ideológico.
