Si hay algo en lo que políticos, empresarios, ciudadanos y politólogos están de acuerdo, es en que la situación de la economía es ciertamente delicada y en cierta medida preocupante. El último dato de inflación del mes de junio -10,2% y 5,5% la subyacente- ha encendido todas las alarmas de instituciones, administraciones y ciudadanos, que están asistiendo a una merma continua de su poder adquisitivo.
Los datos del PIB, que en 2020 se desplomó un -10,8% no son tampoco nada halagüeños, dado que el ritmo de crecimiento, en comparación con el resto de Europa, está resultando muy insuficiente. En 2021 tan solo creció un 5,1% y según las previsiones del Banco de España, en 2022 tan solo lo hará un 4,1%.
La crisis energética, que será objeto de análisis el próximo 26 de julio en una reunión de ministros europeos, es otra de las variables que indudablemente está tocando nuestros bolsillos. Hace unos meses, antes de comenzar la guerra de Ucrania, cuando empezamos a ver como subían los precios eléctricos, nadie podía pensar que la reducción de entregas de gas natural ruso a clientes europeos, en respuesta a las sanciones adoptadas por la UE, afectaría de una manera tan directa al precio de la energía y por tanto a la economía de nuestras familias..
Otra de las variables económicas que también ha saltado a la palestra en estas últimas semanas es la subida de tipos prevista por el Banco Central Europeo. Esta medida, ideada para contener la inflación, tiene el inconveniente de que encarece la financiación en general provocando un claro enfriamiento de la economía. Es decir, la medicina contra la inflación la soportaremos entre todos y se traducirá en mayores costes en préstamos e hipotecas.
El mercado ya está empezando a mostrar su desconfianza en la economía, como puede verse en la senda ascendente de la prima de riesgo. La prima de riesgo española supone el sobrecoste que debe pagar el tesoro público español al financiarse con bonos a 10 años, en relación con el interés que paga este mismo bono en Alemania. En estos momentos, con una prima de 108,5 puntos básicos, el tesoro público español debe pagar un 1,085% adicional al 1,266% que pagan los bonos alemanes. Pero ¿afecta realmente la prima de riesgo a los ciudadanos de a pie? Indudablemente sí. El mayor coste que soportaremos a la hora de financiar la deuda pública implica que tendremos menos recursos disponibles para destinarlos a políticas sociales y medidas para combatir la situación económica. La UE ha ideado un mecanismo artificial para controlar la prima de riesgo en países que como España, Italia, o Grecia, tienen una prima por encima de la media. Esta herramienta, conocida como mecanismo antifragmentación, se basa en la compra de un mayor volumen de bonos a estos países, por parte del BCE, para contener su prima.
Tras los meses estivales, en los que se previsiblemente se mantendrá el consumo a pesar de estos datos, la situación se vuelve ciertamente incierta. La decisión que tome Rusia con respecto al corte de suministro de gas a Europa resultará un factor esencial que condicionará la mejor o peor marcha de nuestra economía y de la europea en general.
Las decisiones que se han adoptado a nivel nacional para mejorar la situación descrita no dejan de ser un conjunto de medidas cortoplacistas, basadas en un incremento del gasto público, sin aspiraciones reales a solucionar la situación económica. Una inflación de costes como la que vivimos requiere complementar las subidas de tipos que llevará a cabo la UE con medidas destinadas a mejorar la competitividad de las empresas. Solo mejorando sus estructuras de costes, será posible evitar que trasladen costes elevados a precios empeorando así las cifras de la inflación. Por otro lado, cabe recordar que intentar combatir un escenario inflacionista con gasto público desmedido, es asimilable a combatir un fuego con gasolina.
En este contexto se podrían haber llevado a cabo otro tipo de medidas, tales como reducir la presión fiscal también a las empresas para mejorar su competitividad; implementar ayudas menos generalistas, segmentando en función de colectivos y necesidades de cada uno de ellos; llevar a cabo una reducción de gasto público improductivo y por supuesto dar un paso valiente y decidido, cuanto antes, para negociar con sindicatos y empresas un pacto de rentas que contribuya a repartir de manera equitativa, entre todos los agentes económicos, los perversos efectos de la inflación. Por último, resulta necesario plantearse una actuación rápida en relación con el sistema de pensiones, para dar marcha atrás con la indexación de las mismas al IPC, que fue aprobada en la reforma del pasado año.
Y, ¿se puede hacer algo desde Andalucía por nuestra economía y por nuestros bolsillos? Seguro que sí… Es cierto que hoy en día las políticas monetarias están transferidas a la UE, la política energética es responsabilidad compartida de España y Europa, gran parte de la política fiscal depende de Madrid y desde Andalucía nada puede hacerse para moderar el gasto público central. Sin embargo, desde nuestra región sí podemos adoptar algunas medidas que mejoren la situación.
Parte de la solución para mejorar la economía está en manos de las empresas. Aumentar su competitividad contribuiría no solo a mejorar los niveles de inflación, sino a combatir el desempleo, a dinamizar el consumo y a generar crecimiento económico. Crear un contexto de “fiscalidad amiga” para las empresas, reduciendo la presión impositiva; reducir los plazos de los trámites administrativos y de las autorizaciones ambientales que requieren las industrias para operar y apostar por infraestructuras que vertebren aún más nuestra región, son ejemplos claros de medidas que contribuirían a mejorar la situación de la economía y a la larga, la de nuestros hogares.
Tendremos que esperar a ver los siguientes episodios de la guerra de Ucrania, las decisiones energéticas de Rusia y los próximos pasos y reformas que adopten los distintos gobiernos.
