Hace unos meses analizábamos en este medio las diferentes propuestas de los partidos políticos para el sector industrial y empresarial antes de las elecciones autonómicas. El partido que ganó fue el Partido Popular, como saben, y con mayoría absoluta. Este partido, en su programa nos prometía el impulso de una serie de medidas para una “Andalucía Digital” que mejorasen la industria tecnológica y que atrajesen inversiones. Hablaban de captar proyectos estratégicos de alto valor añadido en energías renovables, agroindustria, biotecnología, aeronáutica y en el sector metal mecánico. Además, prometían simplificar administrativamente los mecanismos para poner en marcha actividades energéticas en el sector industrial. En su programa también mencionaban un “Plan Estratégico” para el sector agroindustrial y un “Pacto Andaluz por el Agua” que favoreciese la industria, este último dotado con 1.500 millones. Otro ítem que el PP proponía era crear una Alianza Andaluza por la Industria que contase con todos los sectores y agentes y que consensuara un Plan Industrial de Andalucía 2023-2027, todo ello armonizado con la legislación nacional y europea y de un modo sostenible.
Y entre otras cosas indicaban que iban a potenciar los programas de incentivos destinados al desarrollo industrial, a la investigación, a la unión de empresas industriales, al desarrollo de polígonos y áreas industriales con infraestructura necesaria, a la implantación de energías limpias, a la localización de empresas tractoras en energías renovables, a la economía circular y a la formación.
Y sin olvidarnos de que se comprometían a diseñar una Estrategia para una minería Sostenible en Andalucía 2030 (EMSA 2030) y se iba a fortalecer la industria extractiva. Creando la Red Andaluza de Municipios Mineros, así como un Plan de Reconversión Minera en las explotaciones en desuso con finalidad medioambiental y turística.
Tras escuchar al reelegido presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en su discurso de investidura, y analizar los nombres y estructuras de las diferentes consejerías con las que ha diseñado su nuevo ejecutivo, todo apunta a que las intenciones son bastante halagüeñas.
Andalucía no se merece una legislatura posnográfica, como hemos visto en otras ocasiones. Legislaturas de: “¿ya tenemos los túneles de la SE-40? ¡Pos no!”; “¿Ya tenemos cuatro líneas de metros en Málaga y Sevilla? ¡Pos no!”; “¿Ya tenemos solucionado los problemas de infraestructuras que necesita nuestra industria? ¡Pos no!”. No era una errata, la posnografía la podemos definir como el número de “pos no” que podemos asignarles a los compromisos electorales. Y los ciudadanos, en general, estamos ya hartos de incumplimientos gratuitos para la clase política.
Los mecanismos para rendir cuentas de los políticos son claramente insuficientes e inútiles. Estamos fritos de políticos que prometen cientos de cosas tangibles y luego permiten completamente lo contrario… y no pasa nada. Los medios afines lo justifican y las líneas editoriales de la cuerda del partido lo alaban, lo que hace dudar al ciudadano, a pesar de las críticas de los medios afines a la oposición.
En el caso de la nueva legislatura a la que se enfrenta Juanma Moreno, podemos ver claramente en el discurso de investidura hasta 60 promesas fácilmente evaluables. Resumimos las más económicas:
Las relativas a Economía y Empleo: un nuevo decreto ley de simplificación administrativa que hará hincapié en agilizar la ejecución de los fondos europeos; implantación de la Oficina de Calidad y simplificación normativa; nueva bajada de impuestos para proteger a las familias; implantación de la ‘cuota cero’ para nuevos autónomos en Andalucía; creación del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo; elaboración del primer Plan Estratégico del Trabajo Autónomo; impulso de una Alianza por la Industria en Andalucía; elaboración del Plan Industrial de Anda lucía 2023-2027.
Algunas sobre la revolución verde: alianza por el hidrógeno; la puesta en servicio de los tranvías de Jaén, Alcalá de Guadaíra y el de la Bahía de Cádiz; mejoras en el Metro de Málaga, Granada y Sevilla; impulso de la Autovía del Olivar y culminación de la conexión de la Autovía del Almanzora con la del Mediterráneo en Almería; o la aprobación de ayudas de 5.000 euros para el inicio de un negocio de autónomos que residan en municipios de menos de 10.000 habitantes.
O algunas muy necesarias vinculadas a la educación como: el impulso a la Formación Profesional, 20.000 plazas más, hasta alcanzar las 180.000, más de un tercio de ellas para FP Dual; o la creación de nuevos Centros Integrados públicos de FP.
Todas ellas medidas muy factibles de ejecutar y fáciles de medir. La nueva consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; la de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; y, por supuesto, la de Política Industrial y Energía, deben aplicarse con todo ello. De momento, los nombres de sus competencias ayudan y esperemos que sus titulares cumplan con el compromiso de la legislatura y que no se vuelva posnográfica. Más nos vale.
