En un mundo globalizado y altamente interconectado, las empresas se enfrentan a una creciente necesidad de influir en el entorno político y social para garantizar el cumplimiento de sus intereses estratégicos. En este contexto, la gestión de los asuntos públicos se ha convertido en una función esencial dentro de la estructura organizativa de muchas compañías. De la misma manera, la implementación de normativas de lobby es más estricta, para hacer más transparentes las relaciones institucionales de las empresas con las administraciones públicas y las instituciones políticas, como ocurre en varios países de la Unión Europea, incluyendo España, que ha transformado el modo en que las empresas pueden llevar a cabo esta labor de influencia.
Gestión eficaz de los asuntos públicos
Los asuntos públicos se refieren al conjunto de actividades realizadas por una empresa para defender sus intereses en las políticas, leyes y regulaciones que afectan a su actividad. Esto incluye el trabajo con legisladores, reguladores, organismos gubernamentales y otras partes interesadas para garantizar que las decisiones políticas favorezcan sus intereses, o al menos no perjudiquen su negocio.
Una buena gestión de los asuntos públicos puede ayudar a que una empresa se anticipe a cambios normativos y participe también en su formulación. Asimismo, este departamento puede mejorar la reputación corporativa actuando de forma responsable y transparente en sus relaciones con los actores públicos. De esta forma, se gana credibilidad y confianza, lo que puede traducirse en una mayor lealtad de los consumidores, inversores y empleados.
Además, el establecimiento de relaciones con organismos gubernamentales y otras partes interesadas facilita la creación de alianzas que pueden ofrecer ventajas competitivas, como acceso a incentivos fiscales o proyectos conjuntos de investigación y desarrollo. Del mismo modo, se agilizan las gestiones de crisis relacionadas con decisiones gubernamentales que afecten a operaciones o reputación. En este sentido, contar con un equipo de asuntos públicos bien formado y conectado con las autoridades permite a las empresas mantenerse informadas sobre los cambios legislativos que puedan requerir ajustes operativos o incluso la adaptación de modelos de negocio.
El lobby y su regulación en España
El lobby, o la actividad de defensa de los intereses empresariales o asociativos ante las instituciones políticas y órganos de gobierno, es una parte fundamental de los asuntos públicos. Las empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros grupos de interés utilizan el lobby para promover sus posiciones legítimas frente a las instituciones políticas, así como para proveer de datos e información técnica necesaria para los legisladores y gobernantes. Si bien este tipo de actividad no es en sí misma negativa, el problema surge cuando no se lleva a cabo de manera transparente, ética o legal, lo que puede generar corrupción y desigualdad de oportunidades.
En España, como en muchos otros países, la actividad del lobby ha sido objeto de creciente escrutinio y regulación en los últimos años. A medida que las empresas y otras organizaciones han aumentado su capacidad de influencia sobre los procesos legislativos, ha aumentado también la preocupación por la falta de transparencia y la posible manipulación de decisiones políticas en beneficio de intereses privados.
Por eso, se lanzó el Reglamento de Control de la Actividad de Lobby en 2020 que establece una serie de principios y requisitos con los que las empresas y los lobbistas deben cumplir para operar legalmente en el ámbito político español. Una de las principales exigencias es que todas las entidades que realicen actividades de lobby deben registrarse ante un organismo oficial. Este registro es público y accesible, lo que permite que los ciudadanos y otros actores políticos puedan conocer quién está intentando influir en las decisiones gubernamentales.
Otro aspecto destacable es la obligación de hacer públicas las reuniones que mantengan con cargos públicos o funcionarios del gobierno. De hecho, se debe declarar el objetivo de la reunión, los temas tratados y los resultados esperados de la misma. Además, los lobbistas están obligados a presentar informes detallados de sus actividades, incluyendo el desglose de los recursos empleados y los fines perseguidos. Esta medida busca evitar el uso de tácticas de presión opacas o manipuladoras.
También se ha establecido un marco normativo para evitar conflictos de intereses entre los funcionarios públicos y los lobbistas. Los exfuncionarios que hayan trabajado en el sector público no pueden desempeñar actividades de lobby durante un período determinado después de abandonar el servicio público. Consecuentemente, el reglamento establece un sistema de sanciones en caso de infracciones, así como la creación de una autoridad encargada de supervisar la actividad de lobby en España.
Actualmente, se encuentra en una etapa decisiva la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés y el impulso del I Plan de Parlamento Abierto de la Cámara Baja.
Impacto de la regulación en las empresas
La implementación de estas normativas tiene un impacto directo en la forma en que las empresas gestionan sus relaciones con los actores públicos. Las firmas deben adaptar sus estrategias de lobby para cumplir con los requisitos de transparencia y evitar posibles sanciones. Además, la regulación también plantea retos adicionales, como la necesidad de destinar recursos a la gestión de estas actividades, tanto a nivel de personal como en la creación de informes detallados.
A pesar de los desafíos, la regulación también tiene aspectos positivos. Las empresas que logren adaptarse a estas normativas pueden mejorar su reputación al demostrar su compromiso con la transparencia y la ética en sus prácticas de influencia. Esto puede ser un factor diferenciador en un mercado cada vez más competitivo, donde los consumidores y las partes interesadas valoran la integridad de las compañías.
Por lo tanto, la gestión de los asuntos públicos es una función estratégica para las empresas que buscan influir en el entorno legislativo y regulador. La implementación de nuevas normativas de lobby en España representa un paso importante hacia un sistema más equitativo. Así, las empresas que gestionen adecuadamente sus relaciones con los actores públicos no solo estarán mejor posicionadas para influir en la legislación, sino que también fortalecerán su reputación y aumentarán su competitividad.
