El mes pasado exponía, en esta misma tribuna, la situación tan complicada que estábamos viviendo a causa del precio de la electricidad. Apuntaba entre mis ideas, como el sistema de comercio de emisiones de CO2, el sistema marginalista de fijación de precios eléctricos y la guerra de Ucrania, son sin duda los factores que más están contribuyendo a la escalada inflacionista generada por el precio de la electricidad, que el pasado 8 de marzo alcanzaba el récord de 700 €/MWh.
A esta situación se están uniendo otros factores que agravan, y mucho, la situación actual. El precio del barril de Brent, que en enero cotizaba en el entorno de los 80 € y hoy sobrepasa los 120 €, no solo está haciendo inviable las actividades del transporte y la pesca, entre otras, sino que está contribuyendo, junto con la electricidad, a generar más inflación. La inflación en el mes de febrero volvió a dispararse hasta el 7,6% respecto al mismo mes del año anterior. Algunos expertos apuntan que la inflación, de mantenerse el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, podría llegar a alcanzar cifras con dos dígitos.
En relación con el problema del coste eléctrico, ha quedado demostrado que el sistema marginalista de fijación de precios , a pesar de la “resistencia” de la UE para reconocerlo e intentar arreglarlo, no funciona ni resulta eficiente desde un punto de vista económico. Un sistema de fijación de precios en el que toda la energía, la barata y la cara, se comercializa al precio más alto, no tiene ningún sentido, sobre todo en la situación actual. Un sistema marginalista podría funcionar correctamente si se aplicara a productos con demanda elástica. Cuando el consumidor puede reducir la demanda de un producto ante subidas de precios -de- manda elástica-, el propio mercado regula el sistema marginalista de fijación de precios. Pero con la electricidad no ocurre lo mismo, debido a la inelasticidad, a priori, de su demanda. Los hogares, las empresas y los hospitales, entre otros, tienen complicado dejar de consumir electricidad o buscar sustitutivos cuando acontecen subidas de precios. Por lo tanto, en este caso, el sistema de fijación de precios marginalista deja de funcionar de manera eficiente, llevándonos a precios y a situaciones completamente absurdas desde un punto de vista económico. Ya son varias las empresas que han decidido adoptar medidas drásticas ante esta situación, puesto que mantener la producción les implica incurrir en importantes pérdidas. Es el caso de Acerinox, que ha cesado su actividad de la planta de los Barrios; Megasa o Cementos Portland Valderrivas, que ha parado los hornos de todas sus fábricas de España hasta que los precios no bajen a 200 € MW/h. Además, con respecto a la cementera, se da la circunstancia de que la planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), sigue sin contar con la autorización para valorizar residuos, por lo que presenta una estructura de costes menos competitiva que la de la competencia. En definitiva: se desangra nuestra industria ante la inoperatividad de las autoridades.
La energía eléctrica producida con tecnologías que dependen del gas, que se ha encarecido aún más tras el conflicto con Rusia, tiene también una importante cuota de responsabilidad respecto a los altos precios eléctricos que estamos padeciendo. Aunque en España la dependencia del gas ruso asciende solo al 8%, en el caso alemán asciende al 80% y en el caso de Finlandia al 100%. En la cumbre de la UE celebra- da en Versalles no se adoptaron soluciones contundentes para atajar este problema. Se desconoce si en la próxima cumbre -24 y 25 de marzo-se adoptarán medidas de peso para paliar esta situación, como pueden ser la reducción de la dependencia del gas ruso y el desacople de los precios de la electricidad y del gas. Resulta sorprendente que se esté tardando tanto tiempo en tomar una decisión de este tipo, teniendo en cuenta la situación tan crítica por la que pasa la economía.
Otra de las medidas que la industria lleva esperando desde hace tiempo, son las subastas eléctricas de energías renovables. En noviembre de 2021 el gobierno aprobaba el Decreto para ofrecer electricidad a precios competitivos a través de estas su- bastas, pero inexplicablemente, la industria electrointensiva sigue a la espera de que se lleven a cabo las mismas. Parece que, según las últimas noticias, la subasta se podría realizar en los meses de junio o julio para empezar a adquirir la energía entre 2023 y 2024.
Además de todo lo apuntado, la Comisión europea permite a los países desarrollar acciones para proteger a los consumidores y empresas. De esta manera, consciente de que el coste por las emisiones de CO2, relacionado con el proceso de descarbonización, también tiene una responsabilidad clara en el alza del precio de la electricidad, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha solicitado al gobierno la inmediata adopción de medidas adicionales a las ya tomadas. Una de ellas sería acelerar la publicación de la convocatoria de 2022 de ayudas para la compensación de costes indirectos de CO2.
Cabe indicar que las empresas electrointensivas en España se están viendo más perjudicadas por el problema del precio eléctrico en compa- ración con sus homólogas del resto de países. La principal causa son los cargos y peajes adicionales que se incluyen en el precio final de la factura eléctrica, que en otros países o son menores o gozan de exenciones.
Es cierto que el pasado 14 de septiembre de 2021 se llevó a cabo una reforma, a mi entender insuficiente, con la que se redujeron algunos impuestos y costes regulados que afectaban al coste eléctrico. La administración pública venía recaudando alrededor de 11.000 millones de € anuales con este tipo de cargos. En una situación tan compleja como la que vivimos, y dado que la UE permite cierto margen de actuación a los países, podríamos incluso plantearnos la posibilidad de sacar los costes regula- dos de la factura eléctrica del consumidor y trasladarlos al presupuesto anual. Una decisión de este tipo provocaría indudablemente una reducción de la recaudación impositiva considerable, que requeriría como contra- partida una revisión y rebaja contundente del gasto público innecesario e improductivo de nuestro sistema, de manera que no fuera necesario recurrir a nuevas subidas de impuestos.
Me gustaría recalcar lo de “no recurrir a subidas de impuestos”. Si algo está claro es que lo que más daño adicional podría hacer a la economía en estos momentos tan críticos, sería pensar en políticas fiscales basadas en subidas de impuestos.
Por otro lado, tampoco parece razonable mantener el rechazo frontal a una energía tan económica como la nuclear, cuando ésta, con su bajo precio de generación, podría contribuir a moderar el precio eléctrico.
Para mejorar la situación del precio eléctrico, y por ende de la economía, resulta fundamental superar la amenaza que suponen los factores geopolíticos -actualmente centrados en el conflicto de Ucrania-, acometer una reforma profunda de los costes regulados, moderar el ritmo de adaptación a la neutralidad climática, diseñar un nuevo modelo de fijación de precios por parte de la UE (desacoplando el gas) y plantearse un uso normalizado de la energía nuclear.
