Sábado 1 de agosto de 2026
Nueva Economía

Fondos europeos de recuperación: un esfuerzo a la altura de Europa y sus ciudadanos

Sin duda alguna, todo el proceso de medidas iniciado en la Unión Europea en enero de 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19, ha tenido su momento álgido con la adopción de la medida estrella del Consejo y el Parlamento Europeo, el Reglamento por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) adoptado por el Consejo el 12 de febrero de 2021, como culminación a todo un año de toma de decisiones en los distintos planos de las políticas comunitarias. El Reglamento (UE) 2021/241, PE-CJ, 12 febrero, por el que se establece el MRR se basa en tres pilares. El primero es que la Decisión sobre recursos propios autoriza el importe total del endeudamiento, que se destinará a cubrir gastos excepcionales y a préstamos a los Estados miembros. Estos importes no se consignan en el presupuesto de la Unión. También organiza el reembolso de los importes destinados a cubrir gastos con cargo al futuro Marco Financiero Plurianual. El reembolso se consignará en el presupuesto de la Unión en el año en el que se efectúe (a partir de 2028, hasta 2058). El segundo pilar, basa el MRR en el artículo 122 del TFUE que define las medidas de recuperación y asigna los fondos tomados en préstamo a varios programas de la Unión a tal efecto, por lo que tiene una vocación finalista. El tercer pilar, consiste en hacer que los programas de la Unión reciban los recursos y establezcan las normas para su ejecución.

La Unión Europea, a la vista de la gravedad de la situación, y con un espíritu de unidad de acción encomiable, decidió el 23 de abril de 2020, cuando la gestión de la crisis apenas llevaba dos meses en marcha, encomendar a la Comisión Europea la presentación urgente de una propuesta que pusiera en relación la activación de este fondo con la programación presupuestaria de la Unión, habida cuenta de la necesidad de presentar el Marco Financiero Plurianual 2021- 2027. Había, por tanto, una razón de urgencia temporal para la adopción de medidas económicas porque era necesario cerrar el presupuesto a largo plazo. Sin duda alguna, la respuesta de la Comisión, del Consejo y del Parlamento, fue muy distinta a la que se dio a la crisis financiera global de 2008, donde en la práctica Alemania dictó las recetas que luego impusieron el Eurogrupo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Aquella fue una crisis de deuda que se pretendió resolver con más deuda y sus consecuencias han sido devastadoras desde el punto de vista social. Es difícil conocer los entresijos en las tomas de decisión macroeconómica, pero parece claro que el papel director de la Comisión ha sido clave en el cambio de posicionamiento de la Unión Europea frente a esta pandemia.

El proceso arrancó el 21 de julio de 2020 que es cuando se aprueba el esfuerzo de recuperación europeo de 750.000 millones de euros, denominado Next Generation, para ayudar a la UE a hacer frente a la pandemia. El Marco Financiero Plurianual 2021-2027, se fijó en 1,0743 billones de euros. Junto con los 540.000 millones de euros existentes para las tres redes de seguridad, esto es, trabajadores, empresas y Estados miembros, el paquete de medidas de recuperación global para la Unión Europea asciende a 2,3643 billones de euros. El MRR constituye el núcleo fundamental de Next Generation, aportando 672.500 millones de euros de ayuda a los Estados miembros para hacer frente al impacto económico y social que la pandemiaestá provocando. De los 750.000 millones de euros, 390.000 millones tendrán la forma de subvenciones y 360.000 millones, la forma de préstamos. Este capital se obtendrá en los mercados financieros.

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En la misma línea de flexibilización, se aprobará posteriormente el Reglamento (UE) no 2020/672, CJ, 19 mayo, de creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en la emergencia COVID-19 (SURE). Este Reglamento se enmarca en lo que se denomina Red de Seguridad para Trabajadores, Empresas y Estados miembros, por el que la UE crea un instrumento que ofrece apoyo temporal a los trabajadores para conservar su empleo durante la crisis económica derivada de la pandemia. Este instrumento se denomina SURE (Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia). En septiembre y octubre de 2020 el Consejo aprobó una ayuda financiera de 87.900 millones de euros para diecisiete Estados miembros, hasta alcanzar un total de 90.300 millones (el límite son 100.000 millones dentro del cupo de 540.000 millones para toda la red de seguridad). La cantidad asignada a España ha sido de 21.300 millones. Estos son los fondos que han servido para financiar los ERTES en España.

Para las empresas, el Banco Europeo de Inversiones, ha creado un fondo de garantía paneuropeo de 25.000 millones de euros sobre la base de proyectos. Este fondo podría proporcionar préstamos de hasta 200.000 millones para empresas, en especial para las pymes. No obstante, el fondo de garantía paneuropeo proporcionará financiación a empresas que sean viables a largo plazo pero que se hayan visto afec- tadas por la crisis actual. Al menos el 65% de la financiación se destinará a las pymes. Un máximo del 23% podrá ir a empresas con 250 o más empleados, con restricciones aplicables a empresas más grandes, con más de 3000 empleados. Un máximo del 5% de la financiación podrá destinarse a empresas y organismos del sector público que trabajen en el ámbito de la salud o de la investigación sanitaria o que presten servicios esenciales relacionados con la actual crisis sanitaria. Otro 7% de la financiación apoyada por el fondo de garantía paneuropeo podrá destinarse a capital riesgo y capital de crecimiento y a deuda de riesgo, en apoyo de pymes y de Mid-cap.

¿Qué necesitamos ahora?: hacer posible la capilarización de estos recursos históricos en el tejido social y productivo para que la recuperación se convierta en transformación y ésta en resiliencia para futuras crisis. Y ahí es donde se encuentran ahora los retos de gestión económico-administrativa más importantes que deberán abordar todos los gobiernos europeos. Confiemos en la capacidad gestora de nuestra Administraciones y en la iniciativa empresarial para optar a los distintos programas y contratos que se están habilitando. Nos jugamos mucho si no aprovechamos este impulso europeo excepcional.

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