Como continuación de un artículo anterior publicado en este Diario Tribuna de Andalucía, en el que me referí a cómo en la actualidad todos somos ecologistas, dado que la normativa aplicable a los grandes proyectos industriales recoge las demandas de los movimientos ecologistas de finales del siglo pasado y por lo tanto hemos llegado a ese ansiado punto, en esta ocasión me detendré en analizar la situación actual en la que se encuentra la industria, y específicamente la industria ex- tractiva en Europa, España y Andalucía ante la proliferación de los grupos que más que ser ecologistas, son específicamente grupos “antiminería”, en tanto en cuanto pretenden acabar con las actividades extractivas para el 2050 en Occidente, y ello “pasando por encima” de la legislación, los gobiernos y la soberanía del pueblo.
Recientemente, he tenido la ocasión de leer un artículo de elaborado por un grupo llamado” Observatorio Ibérico de la Minería” que, de manera ciertamente falsa hablan de la existencia de minería ilegal en España, que vinculan incluso a la corrupción política se van a encargar de monitorizar con “funciones de inspección y control” (como si una nueva Administración paralela “del pueblo” se tratara) los proyectos mineros existentes, y los que están pendientes de aprobación, algo que obviamente no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico y que por tanto, paradójicamente, sí que sería ilegal.
Pero este Observatorio sabe lo importante que es un buen manejo de la posverdad, y por ello es mejor que primen las emociones sobre hechos, hay que generar mensajes de desconfianza hacia las instituciones tradicionales, como la Administración o la ciencia, es bueno que prospere la desinformación y las noticias falsas o sesgadas, y que a la postre los ciudadanos se polaricen en posiciones maximalistas (e inciertas) donde elegir como “minería o medio ambiente” y acaben abducidos por postulados poco solidarios como el NIMBY.
Y para ello, un grupo de entidades eco- centristas, que reciben subvenciones públicas que vienen de nuestros impuestos, se reúnen para afirmar alegremente que en España existirían más de 100 proyectos mineros “ilegales”, es decir Minas clandestinas que operan sin permisos o sin haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental; o que infringen los derechos laborales.
Desde luego flaco favor hace ese Observatorio a las personas que sufren la minería ilegal real en países de África e Hispanoamérica en donde hay lugares en donde sí que existe la minería ilegal (recuerdo un video reciente de un centenar de niños “trabajando” en condiciones infrahumanas en una mina ilegal en un país africano), La minería ilegal existe en el mundo porque hay tajos que (i) no están autorizado por los Gobiernos, (ii) emplean mano de obra infantil, (iii) no conocen los derechos laborales y que (iv) por supuesto tienen ningún tipo de control medio ambiental de la actividad. Allí sí que se produce la minería ilegal que señala ese Observatorio, allí sí que deberían trasladarse esas organizaciones a mejorar la calidad de vida de esas personas, allí sí que se daña la casa de todos que es el medio ambiente (hasta el Papa Francisco en su reciente Carta “Laudate Deum” clama contra esas prácticas dentro del mensaje de concienciación para parar el cambio climático impulsando las nuevas “formas vinculantes de transición energética”), por lo que frivolizar sobre que en Europa, en España o en Andalucía exista minería ilegal contaminante es algo clara- mente irresponsable a donde no deberían de ir nuestros impuestos.
Cuando además, resulta que el Observatorio basa esta afirmación, en el supuesto análisis de 24 explotaciones de Andalucía y 21 de Galicia y que las consideran “ilegales”, por la sencilla razón de que la Administración Ambiental y Minera, que es quien tiene la potestad para autorizar la actividad minera conforme a nuestra Constitución y Legislación, no suelen acoger determinados planteamientos radicales que lo único que pretenden es retorcer la interpretación de la normativa ambiental, urbanística y minera para lograr, de facto, su objetico, que como es visto no es otro que no exista actividad extractiva en España.
Finalmente, también me ha llamado la atención como últimamente, muchos de estos grupos “antiminería”, bajo el disfraz de haberse constituido como ONG’s ambientalistas y a pesar de los privilegios que les otorga la Ley de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la in- formación, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/ CE y 2003/35/CE) y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (pleno acceso a la documentación presentada por los promotores, acción pública, justicia gratuita, no pago de tasas ni depósitos judiciales, etc.), están llevando una nueva campaña de desinformación, esta vez sobre supuestos “pleitos intimidatorios contra activistas”, como si todavía nos encontrásemos con un movimiento romántico ecológico, voluntario, ciudadano y desinteresado que busca el bien común o el respeto al medio ambiente, cuando realmente estamos ante otra cosa.
Y es fácilmente deducible que el trasfondo sea otro al que se nos pretende hacer ver, simplemente si nos atenemos a que para lograr los objetivos del Pacto Verde europeo, también conocido como el “Green Deal” europeo, sobre neutralidad de carbono en Europa para 2050, lo que significa que la UE busca reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero a cero para ese año, es imprescindible favorecer la obtención de minerales y materiales que son esenciales para la fabricación de tecnologías limpias, como paneles solares, baterías de vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Estos minerales incluyen, entre otros, el litio, el cobalto, el níquel, el cobre y las tierras raras.
Por ello, para lograr este objetivo tan ambicioso para el 2050 y al menor coste posible para los Estados miembros, cuanto más minerales se extraigan en Europa y menos se tengan que importar de otros países, especialmente asiáticos, más fácil será alcanzar los objetivos para el año 2050, razón por la que está previsto que a finales de año se apruebe definitivamente el Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas, norma de aplicación directa en los Estados Miembros y prevalente sobre el ordenamiento nacional, que tiene como objetivo garantizar un suministro seguro de minerales críticos y estratégicos.
Como ya mencioné en el otro artículo, dicha propuesta, es bienvenida por el sector minero y extractivo español, pero necesita ser mejorada incluyendo materias primas esenciales que no sean minerales críticos y estratégicos y, especialmente, regulando de una forma más precisa como será la incidencia que la nueva normativa tendrá en los actuales procesos administrativos (mineros, urbanísticos y ambientales principalmente) que tramitan las Comunidades Autónomas, siendo ello un punto imprescindible para lograr esa radical reducción de los plazos necesarios para que un proyecto minero esté en operación en 24 meses tal y como pretende Europa.
En definitiva, cuanto más difícil y mayor tiempo se tarde en poner en marcha un proyecto de minería metálica en Europa, España y Andalucía (litio, cobalto, níquel, cobre, zinc o tierras raras) más costoso será para Europa acceder a esos metales (empeorando la balanza comercial al tener que importarlos de países no miembros de la Unión) y más difícil será alcanzar los muy ambiciosos objetivos del Green Deal europeo para el año 2050.
Esto es lo que nos estamos jugando entre todos en Europa y no podemos caer en demagogias, falsedades e informaciones interesadas que potencien un escenario de posverdad impostada.
