Román Rodríguez aseguró que el Ejecutivo autónomo no tiene “ocioso” ni un solo euro de sus finanzas
Rodríguez, que respondió a una pregunta formulada por el grupo de Nueva Canarias sobre el impacto presupuestario del superávit de la Comunidad Autónoma, explicó que con la suspensión de las reglas fiscales el superávit es un mero asiento contable sin ninguna afección real y reprochó a los grupos de la oposición que intenten confundir a la población “a sabiendas de la falsedad del argumento”.
El vicepresidente precisó que el avance publicado por la Intervención General del Estado al respecto atribuye un superávit a la Comunidad Autónoma de 232 millones de euros durante 2020, pero que esa cantidad está totalmente comprometida para gasto público durante el presente año.
De esta manera, 113 millones de euros se corresponden con fondos de carácter finalista que la Comunidad Autónoma recibió durante el último trimestre del año 2020 y no dio tiempo de gastar el año pasado; otros 20 millones son fondos Covid de los que no se generaron créditos y se destinarán a sanidad y educación, y el resto, 99 millones, se circunscribe al denominado superávit depurado.
En todos los casos, esos recursos están comprometidos y se utilizarán este mismo año, puesto que la normativa financiera así lo permite en la actualidad.
Por ejemplo, del bloque de 113 millones de euros, casi 20 millones se destinarán a ayudas para el alquiler de viviendas; 14 millones para empleo o 12 millones para prestaciones sociales, entre otros usos.
Por lo que respecta al bloque de los 99 millones, son de libre de disposición y ya se está utilizando para financiar la convocatoria de las ayudas directas a pymes y autónomos aprobadas por el Gobierno.
A este respecto, el vicepresidente valoró especialmente el hecho de que en solo veinte días naturales desde la apertura de la convocatoria los beneficiarios estén percibiendo las subvenciones.
Rodríguez recordó, en cualquier caso, que 9 de las 14 comunidades autónomas de régimen común han presentado superávit y que los cabildos y ayuntamientos lo tendrán también cuando se cierren definitivamente las cuentas, aunque, afortunadamente, esos recursos no se van a perder debido a la suspensión de las reglas fiscales.
El vicepresidente destacó también cómo el Gobierno de Canarias pudo ejecutar el año pasado 415 millones de euros extra con respecto a las previsiones recogidas inicialmente en los Presupuestos y registró una ejecución del 104,3 por ciento con respecto a las cantidades previstas en un principio, por encima de la media del conjunto de las comunidades autónomas.
En este sentido, precisó que el Gobierno destinó en 2020 cerca de 700 millones de euros más a la sanidad en relación con lo presupuestado en 2020, lo que ha supuesto un incremento del 23%, y 225 millones de euros más en educación, un aumento del 13%, lo que da idea de la capacidad inversora y de gestión del Ejecutivo.
Así, Rodríguez aseguró que Canarias, junto a España y la Unión Europea, han estado a la altura de las circunstancias y están dando la cara en tiempos extremadamente difíciles para mejora el bienestar de los ciudadanos, impulsar la recuperación económica y consolidar los servicios públicos.
Nueva estructura administrativa
El vicepresidente también defendió los términos del decreto ley aprobado por el Gobierno para la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, durante dos comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios de Nueva Canarias y Socialista.
Rodríguez aseguró que el Ejecutivo pretende una gestión lo más eficiente posible de estos recursos con una estructura provisional en la que se reforzarán determinados servicios para dar salida a los fondos con una simplificación de los trámites administrativos, sin que ello suponga una merma en el control sobre el destino de los mismos.
En cualquier caso, el vicepresidente advirtió de que aun queda un largo camino de recorrido administrativa para la aprobación definitiva de los planes por parte de la Comisión Europea, primero, y del Consejo de Europa, después. Será en ese momento cuando Europa libre el 13 por ciento de los 390.000 millones de euros de ayudas directas.
