“Reclamamos menos burocracia y más reconocimiento para el transporte”
Antonio Amarillo, presidente de FATRANS
FATRANS representa a unas 3.470 empresas y 16.400 vehículos vinculados al transporte andaluz. ¿Cuáles son actualmente las principales preocupaciones que os trasladan las empresas asociadas y qué demandas se repiten con más frecuencia?
La principal preocupación es la falta de conductores profesionales. En España, la edad media se sitúa entre los 51 y los 53 años, lo que anticipa numerosas jubilaciones, mientras que la incorporación de nuevos trabajadores resulta complicada. Una posible solución es contratar profesionales de otros países, especialmente de Sudamérica, pero los trámites de Extranjería pueden prolongarse entre seis y nueve meses y suponen un coste elevado.
El segundo gran problema es el precio del combustible. Las medidas aprobadas por el Gobierno, como la reducción de impuestos y las ayudas directas, han aliviado parcialmente la situación, aunque siguen siendo insuficientes y existe incertidumbre sobre la evolución de los precios.
Por último, preocupa la digitalización. El documento electrónico de control entró en vigor el 6 de octubre y muchas empresas aún no están preparadas para su implantación, pese a que la Administración ya está sancionando desde el primer día.
FATRANS ha participado en iniciativas vinculadas a la formación y la FP dual. ¿Qué está haciendo falta para atraer a nuevos profesionales y facilitar su incorporación a las empresas?
Creemos que la FP dual puede ser una solución para atraer nuevos conductores y, sobre todo, para dignificar y profesionalizar el sector. Aunque la formación pueda parecer inicialmente una barrera de acceso, conducir es una actividad cada vez más tecnológica, que exige manejar más documentación, especialmente digital. Por eso, es importante que los jóvenes reciban una preparación adecuada.
En cuanto a las condiciones laborales, considero que la profesión está bien remunerada en comparación con muchas otras, pero sigue teniendo problemas que dificultan su atractivo. Uno de ellos es la seguridad: faltan aparcamientos seguros en toda Europa y especialmente en España, lo que expone a los conductores a robos y ataques. Aunque se están destinando ayudas europeas y construyendo nuevas áreas de estacionamiento, todavía son insuficientes.
También influye la conciliación familiar. Cada vez menos personas quieren pasar los fines de semana fuera de casa, especialmente en el transporte internacional, que puede obligar a estar fuera durante dos semanas.
Para cubrir estas necesidades, incorporar conductores profesionales de otros países puede ser una solución, ya que muchos llegan con experiencia y formación. Solo necesitarían completar su preparación en aspectos como la normativa europea. Sin embargo, es necesario que el Gobierno facilite su contratación, porque la burocracia actual es tan elevada que acaba desincentivando estas incorporaciones.
La digitalización está modificando la gestión de rutas, la documentación y el control de las operaciones. ¿Qué dificultades están encontrando las pequeñas y medianas empresas de transporte andaluzas para adaptarse a estos cambios y qué apoyo necesitan?
La edad media de los conductores, con muchos profesionales por encima de los 60 años, dificulta la adaptación a las herramientas digitales. Desde las asociaciones hemos ofrecido formación, firmado convenios con empresas tecnológicas y recomendado soluciones sencillas. Además, el Ministerio de Fomento habilitó una plataforma gratuita el día antes de la entrada en vigor del documento electrónico de control, aunque la adaptación sigue siendo complicada.
A esto se suma que las normativas no entran en vigor al mismo tiempo en todos los países europeos. Actualmente, las empresas deben combinar la documentación digital, obligatoria en España, con la documentación en papel que todavía se exige para circular por países como Francia o Alemania.
A veces se aprueban medidas sin tener suficientemente en cuenta las dificultades de su aplicación práctica. Por eso, desde las asociaciones seguimos trabajando para facilitar la adaptación y hacer estos cambios más asumibles para las empresas.
Forman parte de la Unión Internacional del Transporte por Carretera, que representa al sector ante organismos europeos e internacionales. ¿Qué decisiones que se toman fuera de España pueden tener mayor repercusión en las empresas de transporte andaluzas?
Precisamente, las reivindicaciones de esta organización internacional ante las distintas administraciones, a nivel mundial, son prácticamente las mismas que tenemos en España: atraer conductores al sector, disponer de aparcamientos seguros y avanzar en la descarbonización.
En este último ámbito, se ha establecido una Agenda 2030 que, sinceramente, va a ser imposible de cumplir con la diversificación del sector y el uso de combustibles renovables, porque la industria todavía no está técnicamente preparada para asumir todos estos cambios, especialmente en el transporte de larga distancia. Por eso, la labor de la organización internacional consiste en ejercer presión ante los distintos gobiernos para que tengan en cuenta la realidad del sector.
Está claro que se establecen agendas y plazos para los que ni la industria ni las empresas de transporte están preparadas. Además, todas estas medidas implican unos costes que, hoy por hoy, el mercado no está dispuesto a asumir.
La sostenibilidad también exige inversiones en vehículos más eficientes, renovación de flotas y optimización de recorridos. ¿Cómo puede avanzar el transporte por carretera hacia una actividad menos contaminante sin comprometer la viabilidad económica de las empresas?
Hoy por hoy, la electrificación es muy cara. En el caso de los vehículos pesados, uno eléctrico puede costar entre un 70 % y un 80 % más que uno convencional.
Se establecen ayudas que nunca son suficientes, tanto por su volumen, ya que se agotan rápidamente, como por su cuantía. Es muy difícil trasladar al mercado la diferencia en el coste de inversión y son muy pocos los casos en los que se consigue.
Existen soluciones intermedias, como los vehículos de gas y los combustibles renovables elaborados a partir de aceites reciclados, que pueden reducir las emisiones hasta un 97 %. Sin embargo, también son más caros que los combustibles fósiles convencionales.
Por eso, estamos presionando mucho a nivel europeo para reducir el precio de estos combustibles e incluso aplicarles una menor carga impositiva, porque son alternativas que podemos utilizar desde ya. Todas las petroleras los ofrecen, pero siguen teniendo un sobrecoste que nuestros clientes no están dispuestos a asumir. Ese es el camino en el que estamos trabajando.
Llevan más de cuatro décadas defendiendo los intereses del transporte andaluz. Ante los cambios normativos, tecnológicos y laborales que afronta el sector, ¿qué le gustaría conseguir para las empresas a las que representa durante los próximos años?
Nuestro principal objetivo es conseguir una mayor simplificación administrativa y normativa, porque el transporte está sometido a una regulación excesiva, compleja y dispersa, tanto a nivel europeo como nacional y autonómico. También necesitamos más seguridad jurídica: hay empresas que invierten en vehículos eléctricos o de gas y después se encuentran con normativas que limitan su circulación, lo que genera una gran incertidumbre a la hora de planificar inversiones.
Nos gustaría avanzar hacia una mayor armonización de las normas europeas. Las empresas españolas realizan mucho transporte internacional y deben adaptarse a la normativa de cada país por el que circulan. Queremos contribuir a que el sector sea más fácil de gestionar y ofrezca mayores garantías jurídicas para invertir y crecer.
El transporte es un sector esencial para la economía y debe ser reconocido como tal. No bastan las palabras: necesitamos que las administraciones lo tengan en cuenta en sus decisiones y le otorguen el peso que realmente merece.
