El precio de ignorar la realidad en la obra pública andaluza
En economía existe una máxima implacable: el papel lo aguanta todo, pero el balance de una empresa no. Durante los últimos años, la obra pública en Andalucía ha venido protagonizando titulares marcados por ambiciosos planes de infraestructuras, discursos sobre cohesión territorial y el esperado despliegue de los fondos europeos. Sin embargo, cuando se desciende del plano político al barro de la obra civil y la edificación, el panorama describe una desconexión alarmante entre los despachos oficiales y la realidad del mercado. Las cifras no admiten paños calientes: cerca de trescientas obras públicas paralizadas o frustradas en nuestra comunidad y más de un centenar de millones de euros en licitaciones desiertas ponen sobre la mesa un problema estructural que ya no se puede seguir barriendo bajo la alfombra.
El fenómeno de las licitaciones desiertas no es fruto de la desgana empresarial ni de una repentina pérdida de capacidad técnica por parte del tejido productivo andaluz. Al contrario, las constructoras quieren trabajar, crear empleo y levantar infraestructuras. Lo que se niegan a hacer -por mera supervivencia y responsabilidad financiera- es firmar su propia sentencia de muerte. Sacar a concurso proyectos públicos calculados con precios de materiales, transporte y energía de hace tres o cuatro años equivale a pedirle al sector privado que financie a pérdidas los compromisos de las administraciones. Y esa fórmula, sencillamente, ha tocado fondo.
Para entender la magnitud del atasco hay que mirar de frente a la inflación de los costes operativos. La escalada de precios experimentada en materias primas básicas como el acero, el hormigón, el aluminio, los áridos, sumada a las tensiones logísticas y a una factura energética que no ha vuelto a los niveles previos a las crisis geopolíticas recientes, ha dinamitado las estructuras de costes tradicionales. A ello se suma la escasez de mano de obra cualificada, que encarece los procesos y exige una retribución acorde si queremos retener talento en Andalucía. Cuando una administración municipal, provincial o autonómica saca un pliego de condiciones sin incorporar estos incrementos, el resultado es matemático: ninguna empresa concurre o, si alguna lo hace de forma temeraria, la obra acaba paralizada a mitad de ejecución, con la contrata quebrada y el proyecto judicializado.
La consecuencia más grave de este bloqueo no se mide únicamente en términos contables, sino en el impacto directo sobre los ciudadanos. Detrás de esas licitaciones vacías no hay expedientes abstractos: hay colegios que esperan una climatización urgente frente a los rigores de nuestro clima, centros de salud pendientes de ampliación, depuradoras imprescindibles para cumplir con las normativas medioambientales, infraestructuras hídricas vitales para el campo andaluz y variantes de carreteras que deberían descongestionar el tráfico comarcal. Cada licitación desierta es un servicio público que se posterga, una mejora prometida que se desvanece y una oportunidad de desarrollo local que se deja escapar.
Existe, además, un factor temporal crítico: el calendario de los fondos europeos. Buena parte de las partidas presupuestarias comprometidas en estos proyectos están sujetas a plazos de ejecución strictly rigurosos. Dejar morir expedientes en el desierto administrativo de las licitaciones fallidas abre la puerta al peor de los escenarios: tener que devolver recursos a Bruselas mientras nuestras carreteras, nuestros pueblos y nuestras ciudades siguen arrastrando déficits de infraestructuras de primer orden. Andalucía no puede permitirse ese lujo.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En buena medida, por una rigidez normativa que choca frontalmente con la volatilidad de los mercados globales. La Ley de Contratos del Sector Público, concebida para garantizar la concurrencia y la transparencia, se ha convertido a menudo en una armadura tan pesada que impide cualquier atisbo de agilidad. Aunque en momentos de máxima tensión inflacionaria se aprobaron mecanismos excepcionales de revisión de precios, la realidad es que estas medidas resultaron restrictivas, lentas en su aplicación burocrática y, en muchos casos, excluyentes para las pequeñas y medianas empresas de construcción, que conforman el grueso del tejido empresarial andaluz.
En este punto, es justo señalar que las pymes y micropymes del sector son las que sufren este estrangulamiento con mayor virulencia. Las grandes corporaciones pueden diversificar cartera, competir en mercados exteriores o compensar márgenes estrechos con economías de escala. Para una empresa constructora familiar en Jaén, Almería, Cádiz o Sevilla, adjudicarse un contrato público desfasado en un 20% o un 30% respecto a los costes reales de mercado significa comprometer el patrimonio de varias generaciones y poner en jaque decenas de nóminas. La decisión de no presentarse no es una huelga de brazos caídos: es una cláusula de prudencia vital.
Resolver este cuello de botella exige valentía política y voluntad técnica para actualizar los mecanismos de contratación pública. No se trata de reclamar barra libre para el sobrecoste ni de relajar los controles sobre el dinero de los contribuyentes, sino de actuar con realismo económico. En primer lugar, es inaplazable una actualización sistemática y ágil de los bancos de precios de referencia con los que trabajan las distintas consejerías y corporaciones locales. Diseñar licitaciones con bases de datos desfasadas es una pérdida de tiempo para los funcionarios que redactan los pliegos y para los técnicos que evalúan las propuestas.
En segundo término, resulta imprescindible dotar a la contratación pública de fórmulas automáticas, transparentes y universales de revisión de precios que reflejen la evolución real del IPC de los materiales y de la energía, tanto al alza como a la baja. Si los precios bajan, la administración debe beneficiarse del ahorro; si suben de forma imprevista, la empresa no debe asumir en solitario una quiebra técnica derivada de factores exógenos. La colaboración público-privada solo es sostenible cuando descansa sobre el equilibrio y la confianza mutua, nunca sobre la asimetría contractual.
Por último, es hora de repensar los criterios de adjudicación. La inercia de priorizar la baja temeraria en la oferta económica sigue siendo una trampa en la que caen con frecuencia las mesas de contratación. En un contexto de costes tensionados, adjudicar a la propuesta más barata suele ser la vía más rápida para garantizar una obra inacabada. El criterio del valor técnico, la sostenibilidad, la capacidad real de solvencia y el arraigo territorial deben ganar peso frente al simple regateo numérico.
Andalucía se encuentra ante una encrucijada determinante. Disponemos de recursos, de necesidad de modernización y de empresas con el conocimiento y la ambición suficientes para liderar la transformación de nuestro territorio. Lo que no podemos mantener es la ficción de que es posible levantar las infraestructuras del siglo XXI con las tarifas del siglo pasado. Si la administración insiste en convocar concursos ajenos a la ley de la oferta y la demanda, el resultado seguirá siendo el silencio de los sobres vacíos. Escuchemos las advertencias del sector antes de que el desierto de las licitaciones acabe convirtiendo en un erial el futuro de nuestra obra pública.
